Mercenarios a la caza de los piratas

El Gobierno español ha autorizado, modificando incluso la legislación existente, la presencia de "agentes de seguridad privada" (eufemismo propio de nuestro gobierno) en los barcos atuneros españoles en las aguas del océano índico.

La legislación contemplaba ya la posibilidad de llevar en los barcos armas cortas, ahora podrán ir provistos de armas de largo alcance (fusiles y ametralladoras) para defenderse de todo intento de abordaje,

Los empresarios recibirán ayudas de la administración para compensar los gastos ocasionados.

Mercenarios contra piratas. La medida es propia de siglos anteriores. La subcontratación de la defensa de estos barcos ha creado cierta polémica entre los diferentes partidos. Unos consideran que es la medida adecuada a las características del derecho a defender y otros no la ven apropiada al considerar que es propia de las fuerzas del Ministerio de Defensa.

España ha intentado garantizar, dicho con todas las reservas posibles, la seguridad en la zona  establecida por la Unión Europea formando parte de la Operación Atalanta. Los atuneros, buscando mejores caladeros, han asumido riesgos que han llevado al secuestro del barco “Alacrana”, actualmente en manos de piratas somalíes. No es la primera vez, ya tenemos experiencia. Los pescadores no están exentos de responsabilidad. Pero eso es otra cuestión, ahora prima la vida de estos españoles.

Difícil decisión la que han tenido que tomar nuestros políticos, no bien entendida por la opinión pública,, sobre todo cuando no se han explicado diferentes actitudes de unos y otros como, entre otras, la utilización de banderas de conveniencia por parte de los barcos implicados, la decisión de pescar fuera de las zonas de seguridad, la externalización de misiones que corresponden a nuestras Fuerzas Armadas, etc.

Los diplomáticos trabajan para llevar a buen puerto a estos españoles aunque signifique la compra (nunca mejor empleados los recursos propios del Estado) de su vida y de su libertad.

La medida de contratar a mercenarios contra piratas o para garantizar la seguridad personal o institucional no es nueva. Lleva siglos aplicándose. Pero también es verdad que la creación de empresas empleadoras de soldados de conveniencia ha creado demasiada riqueza a unos pocos.

Llama la atención que los que han tomado la decisión son los gobernantes actualmente en el poder, radicales defensores del Estado y hasta ahora férreos enemigos de la iniciativa privada en todo lo que consideran que el Estado debe estar presente. Los socialistas se ha opuesto, con uñas y dientes, a la externalización (proceso económico en el cual una empresa o un Estado determinado mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por medio de un contrato) de todo aquello que consideran debe asumir el Estado. Ahora todo podría estar justificado, aunque sea a través de terceros.

Nada es absoluto, todo es relativo, aunque lo relativo no sea tampoco lo mejor y pueda traer problemas.

Mi deseo de que los ciudadanos españoles secuestrados estén pronto en sus casas, sanos y salvos.