Crisis más Crisis igual a Crisis total

La carrera emprendida por Santisteve y adláteres en el Gobierno municipal de Zaragoza no puede ir peor. En un ambiente de ingobernabilidad con unos hábitos escasamente democráticos ZEC, sin haber ganado las elecciones, pero contando con el apoyo de otros partidos de izquierda, mantiene a la Ciudad en la inercia y a su gobierno acuciado por las costas judiciales

Zaragoza no se merece que todo su gobierno municipal esté investigado por prevaricación administrativa. Todo empezó en septiembre de 2015, tres meses después de que ZEC accediera al gobierno local. En aquel entonces , Teresa Artigas, a la sazón concejal de Medio Ambiente y vicepresidenta de Ecociudad, le pidió a Miguel Ángel Portero -un alto funcionario sin significación partidista y que había trabajado para gobiernos de distinto signos- que dimitiera como gerente.

Aquel primer hecho que ponia en jaque la gestión no solo de Portero sino la del gobierno municipal anterior y la del PSOE que había aupado a Santiesteve a la alcaldía hizó que se declarará la guerra entre gobierno y opoición.

Santisteve llevóéste, a espaldas del consejo de administración a la fiscalía por supuestas irregularidades en la planta de La Almozara.

El caso se archivo pero Portero tuvo que soportar la imputación durante meses hasta ser exonerado. Portero se negó a irse con lo que ZEC en una evidente represalía con la oposición expulsó a parte de los representantes de esta de los consejos de administración de las empresas públicas y nombró nuevo gerente sin esperar ni acatar las exigencias legales.

Miguel Ángel Portero interpuso una querella y la magistrada encargada del caso admitió la admitió a trámite. Inmediatamente la asesoría jurísica del Consistorio aprueba un informe mediante el cual los nueve miembos del Consejo municipal recibieran asistencia letrada municipal.

El consejo municipal en su integridad se encuentra investigado por una actuación administrativa pero serán los zaragozanos los que abonen los gastos de defensa.

En caso de que prosperará la querella los politicos podrían ser castigados con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años.

Fuente: Heraldo de Aragón