El lazarillo va al ambulatorio, un artículo de Ángel Garcés Sanagustín

El Estado del bienestar no puede presentarse como una barra libre destinada a proveer gratuitamente de bienes y servicios a los más informados o a los más desvergonzados. Heraldo de Aragón, 10 de septiembre de 2011.

Los peligros que acechan al Estado del bienestar no solo derivan de lafalta de ingresos para sostenerlo, sino tambien de las conductas abusivas de quienes lo desvalijan. Resulta abosutamente incomprensible que quienes cobran una nómina sean los únicos que paguen escrupulosamente sus impuestos en nuestro país, que exista casi un 25% de economia sumergida, que el futbol profesional le deba, aproximadamente, 700 millones al erario o que grandes empresas o fortunas evadieran al fisco 42.711 millones en el 2010. Pero también es intolerable que uno de cada cuatro perceptores de las prestaciones por desempleo cometa fraude, que el Gobierno encontrara 32,687 fallecidos entre las personas que ya estaban percibiendo alguna de las ayudas que otorgan las comunidades autónomas en aplicación de la ley de la dependencia o que algunos usuarios abusen sistemáticamente de la sanidad pública. Para colmo, mientras nos gastabñamos lo que no teniamos en eventos y en infraestructuras inútiles, le adosabámos más letras a la investigación (I+D+i) y le destinabámos más dinero.

Todo ello agravado por el mal uso de un principio que deberíamos revisar, la universalidad de los sistemas de protección social. El carácter totalmente universal del Estado de bienestar deja como intocables ejemplos lacerantes. pensiones no contributivas en los barrios más ricos de la ciudades, grandes banqueros que se van al paro y cobran la pertinente prestación o pensionistas multimillonarios que no pagan por las recetas. Es el momento de revisar los aspectos antidistributivos del sistema. Asímismo, debemos poner en tela de juicio esa errónea identificación entre universalidad y gratuidad.

Este error de planteamiento ha conducido a situaciones absurdas. De aquel ambicioso lema de mediados de los ochenta que proclamaba "servicios sociales para todos" se ha pasado al de "servicios socieles para todos los que lo necesitan". Es el tránsito de la astracanada a la obviedad. El Estado del bienestar no puede presentarse como una barra libre destinada a proveer gratuitamente de bienes y servicios a los más informados o a los más desvergonzados en detrimento de los derechos básicos de todos y de los específicos de los más necesitados.

Nuestra Constitución nos define como un Estado social y ello supone que los problemas de las personas marginales deben resolverse con servicios sociales y no con medidas de orden público. Al contrario de lo que ocurría antes, cuando se aplicaba la Ley de Vagos y Maleantes, que, en contra de lo que comunmente se cree, no proviene del franquismo, que se limitó a modificarla, sino de la Segunda República.

El problema radica en que las reformas deben ser acometidas por una clase política sin autoridad moral, que ha actuado muchas veces en connivencia con quienes han esquilmado el sistema. Padecemos un auténtico problema de liderazgo moral, que no puede asumir una casta política que ha regulado para sí un conjunto de indemnizaciones, pensiones y complementos retributivos diferente al establecido para el conjunto de los ciudadanos. Hemos llegado a tal nivel de descaro que los diputados pagan por el menú de las Coretes de Aragón la mitad que un estudiante universitario en su Facultad.

Es muy dificil mantener el Esatdo de bienestar en una país de pícaros. Siguen pululando entre nosotros las figuras de Lázaro de Tormes y sus avariciosos o menesterosos señores. Aflora, una vez más, La España de siempre, esa España que defrauda y bosteza.

Ángel Garcés Sanagustín es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza